Lahmad relata que Baby viajaba en un autobús procedente de la Empresa de fosfatos que extrae los recursos naturales del Sáhara, Foss Bucraa, donde trabajaba como ingeniero eléctrico desde hacía más de 12 años.
El vehículo fue interceptado en las calles de El Aaiún por policías del cuerpo especial GUS (creado ex profeso para el Sáhara Occidental). Siendo el único ciudadano saharaui que se encontraba en el autobús, le obligaron a bajar y fue atropellado brutalmente con uno de los furgones de la policía, "que pasó varias veces por encima de su cuerpo cuando se encontraba tendido".
Una larga agonía
En un vídeo disponible en Internet y en el que Baby Hamday Buyema no aparece con su verdadero nombre, sino con el que le dieron los marroquíes tras la salida de España de El Aaiún, Baby Mahmoud Gargai, puede verse a varias personas atendiéndole cuando agonizaba en las calles de El Aaiún. Según Lahmad, "la ambulancia tardó cinco horas en llegar" y la agresión acabó con su vida."A mi hermano le asesinaron sólo por ser saharaui. Nunca había tenido problemas. Después de matarle quemaron su coche, un Mercedes 190, matrícula de Alemania, donde tenía toda la documentación", afirma Lahmad.
Baby, de 35 años, estaba casado y era padre de dos hijos, un niño de cuatro años, Saad, y una niña de dos, Aya. Su hermano tiene intención de viajar a El Aaiún desde Alicante, donde reside, para enterrarlo junto a su madre.
Pero antes, Lahmad quiere recopilar toda la información sobre el asesinato de su hermano, del que según afirma hay más imágenes que prueban la autoría de la policía marroquí, y convocar ruedas de prensa en varias ciudades españolas. "Quiero pedir al Gobierno de España que se implique, porque mi hermano no es el primero que ha muerto en estas condiciones".
La Fundación Sáhara Revolución afirma que, "ante la muerte violenta sufrida de un ciudadano español, no puede por más tiempo el gobierno de España quedarse al margen de lo que está sucediendo en las calles y en las casas de El Aaiun ocupado, de Smara, Cabo Bojador y Dajla", tras el desmantelamiento forzoso del campamento de protesta de'Gdeim Izik', donde 20.000 saharauis reivindicaban pacíficamente una mejora de sus condiciones de vida.
Su presidente, José Manuel de la Fuente Serrano, reclama una intervención inmediata de la Comunidad Internacional.
